
Han sido años difíciles para Chile y para el mundo. Por lo mismo, debemos trabajar con fuerza para resolver concretamente los problemas de las personas. Estamos trabajando para que Chile tenga Seguridad Pública, Seguridad Económica y Seguridad Social. Nuestro primer presupuesto apunta a dar esas seguridades y avanzar con los compromisos programáticos del Gobierno del Presidente Gabriel Boric Font. Por eso, y con total convicción, en este presupuesto, ampliaremos en un 4,2% el gasto público para que todas y todos vivamos mejor.
Ejes principales

SEGURIDAD CIUDADANA: policías, espacios públicos, combate al narcotráfico y crimen organizado
▶ Se destinarán recursos para el Plan Nacional Contra el Crimen Organizado.
▶ Aumentará el presupuesto de Carabineros, duplicando el ritmo de crecimiento de años anteriores, para la compra de más de 1.000 nuevos vehículos policiales. También se incrementa el presupuesto de la PDI. Además del llamado al servicio e ingreso a la Escuela de Carabineros.
▶ Se refuerzan los recursos para inversión municipal en materia de seguridad pública.
▶ Se incluyen recursos para la Atención, Protección y Reparación Integral de Violencia contra las Mujeres, la inclusión de la prestación en el GES para la Atención Integral a víctimas de violencia sexual y recursos para la implementación de la ley de monitoreo telemático.
▶ Equipamiento tecnológico anticorrupción y contra bandas criminales al interior de las cárceles.
SEGURIDAD ECONÓMICA: reactivación económica y generación de empleo
▶ Se creará el Programa de Infraestructura para el Desarrollo.
▶ Recursos para el Plan de Emergencia Habitacional para, de esta forma, otorgar nuevos subsidios habitacionales.
▶ Inyección de recursos para inversiones en las regiones de La Araucanía y Los Ríos, en marco del programa Buen Vivir.
▶ Crecen los fondos de inversión municipal para el mejoramiento urbano y de barrios (PMU y PMB).
▶ Se destinarán recursos para el Plan de Infraestructura Pública para el mejoramiento de establecimientos educacionales.
▶ Aumentará la inversión en atención primaria en salud que incluye el inicio de 18 nuevos proyectos en CESFAM.
▶ Se materializará la inversión pública en infraestructura para la realización de los juegos Panamericanos y Parapanamericanos.
▶ Para la recuperación del empleo, se asignan recursos para la continuidad del IFE Laboral y el Subsidio Protege.
▶ Continuará la construcción de Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores, Residencias y centros de apoyo para personas mayores.
▶ Recursos para iniciar los estudios del tren Santiago-Valparaíso.
▶ En inversión privada: se creará un fondo especial para agilizar la tramitación de permisos ligados a proyectos de inversión.
▶ Seguiremos apoyando a las MiPymes destinando recursos para otorgar créditos en instituciones financieras no bancarias.
▶ Se creará un nuevo programa de “Desarrollo Productivo Sostenible” para abordar el estancamiento de la productividad y la crisis climática.
SEGURIDAD SOCIAL: gasto social para proteger a las familias
▶ El incremento más relevante del presupuesto corresponde a la Pensión Garantizada Universal (PGU) que aumentará respecto al año 2022. Beneficiará, en promedio, a 2,3 millones de personas producto de la ampliación de la cobertura para las personas mayores de 65 años que no pertenezcan al 10% de mayores ingresos de la población.
▶ Para seguir apoyando a las familias frente al alza de la inflación, se financiará la extensión del Bono Canasta Protegida y se añaden recursos para el aumento de la Beca de Alimentación de Educación Superior.
▶ Se destinarán dineros para financiar el Ingreso Mínimo Garantizado.
▶ Aumenta el presupuesto para gratuidad y otras becas para la nueva generación de estudiantes que entrarán a la educación superior.
▶ Aumentará la inversión en el nivel primario de salud, contemplando recursos para: la puesta en marcha del plan Piloto de Atención Primaria Universal y para reducir los tiempos en las listas de espera para cirugías.
▶ Pondremos foco en la protección social de los niños, niñas y adolescentes con un aumento para financiar diversos programas de apoyo y la entrada en vigencia de la ley sobre Garantías y Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.